La colombiana, Martha Leonor Díaz ya no puede más. Está desesperada recorriendo oficinas, reuniendo papeles y demostrando una y otra vez su situación.

Su historia comenzó en febrero de este año cuando su esposo, Juan Carlos Mejía López, fue deportado a Colombia por falta de ‘papeles’ y una orden detención en su contra. A pesar de tener dos hijos menores, de nacionalidad española, a Juan Carlos no le permitieron cumplir condena cerca de su familia y para Martha empezó un calvario económico y burocrático.

Ella lleva diez años en España y todavía no tiene ‘papeles’. Falsas promesas de trabajo o empleadores con deudas frustraban sus intentos de legalización, así que se ha dedicado al cuidado de sus tres hijos mientras Juan Carlos sostenía el hogar.

Justamente hace poco solicitó una autorización de trabajo por arraigo social, pero la empresa que le había hecho la oferta tenía deudas con la Seguridad Social, así que se la denegaron.

La pesadilla no terminó ahí.

En abril de este año Marta supo que estaba enferma. El doctor Eduardo Kronfly Rubio ha certificado que padece un mioma (tumor) en el útero y una anemia intensa. Pronto se definirá la fecha de la intervención quirúrgica, pero en su informe el médico deja claro que, tras la cirugía, “Martha no tiene posibilidades de cuidar a sus hijos debido a la falta de red familiar”.

Con ayudas del Servei Solidari i Missioner dels Caputxins de Catalunya i Balears (SSIM) y de la Asociación Iberoamericana para la Integración Social (Integra), Martha y sus hijos han logrado comer y pagar gastos cotidianos como el transporte; pero ella lo que quiere es trabajar.

“Me da vergüenza pedir y molestar a la gente. Puedo trabajar en limpieza o cuidando personas mayores, pero necesito los papeles”, explica angustiada.

El motivo de su incertidumbre es que intentó solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, pero el Jefe de Oficina de Extranjeros, Javier Montero Candial, envió un e-mail a Integra explicando que este trámite “está en propuesta denegatoria” porque “la solicitud se basa en enfermedad grave sobrevenida y la documentación aportada no acredita este supuesto”.

“¿Qué más quieren para demostrar que está enferma? ¿Por qué no estudian cada caso en particular y ven que esta señora realmente necesita ayuda del Estado y no la puede obtener si no tiene papeles?”, se pregunta la presidenta de Integra, Catalina Magallanes.

El último portazo que recibió Martha fue cuando solicitó a la Fiscalía de Menores la revisión de su caso. Según la colombiana, la respuesta de la fiscal, Elena Campo, era que “si no podía sostener a sus hijos la Fiscalía tendría que encargarse de ellos”.

¿Y por qué no te vas a Colombia? Le preguntan quienes la conocen. “Porque allí no tengo a nadie. Mi vida y la de mis hijos está aquí”.