A punto de perder la nacionalidad española

Nacida en Bolivia y residente en España hace ocho años, Mónica dio a luz a su segundo hijo el 19 de abril de 2009. Tramitó sin problemas el DNI y el pasaporte que certifica como español “de origen” al niño, la calificación legal que se da a los nacidos en España.

Un mes después -el 21 de mayo de 2009-, la Dirección de Registros y Notariado emitió una circular en la que notificaba a los funcionarios españoles que no podían seguir tramitando la nacionalidad por simple presunción para los hijos de bolivianos, al haber una nueva Constitución en el país andino que imponía automáticamente la ciudadanía boliviana.

La circular no afectaba al hijo de Mónica al carecer de efecto retroactivo. Sin embargo, poco antes de que el menor cumpliera un año, recibieron una comunicación del Registro Civil de Madrid, en la que les advertían que “al menor no le corresponde la nacionalidad española” y les daban quince días para presentar alegaciones.

“La nacionalidad española de origen sólo se puede revocar por sentencia judicial, no por un acto administrativo como éste”, asegura Gustavo Fajardo, director jurídico de la ONG Aesco, que lleva la defensa de Mónica. “Es una agresión a la seguridad jurídica, no se puede despojar a una persona de su nacionalidad”, agrega.

Lo más grave de todo es que el caso de Mónica puede extenderse como una epidemia. Según Aesco, personas vinculadas a la Fiscalía de Madrid les han dicho que hay ciento cincuenta revocaciones de nacionalidad en proceso. “La mitad de hijos de bolivianos y el resto de ecuatorianos y colombianos”, puntualiza Fajardo.

Fuentes del Ministerio de Justicia consultados por Latino afirman que no tienen constancia de una revocatoria masiva de nacionalidades y recalcan que estos casos son “extremadamente raros”.

De momento, la batalla jurídica de Mónica ha comenzado con un escrito de alegaciones de nueve páginas y el apoyo del Consulado boliviano. “Si tenemos que llegar al Tribunal Supremo, lo haremos”, termina el abogado.