El Gobierno no aclara sus intenciones en materia de inmigración en el Congreso

Sin novedades determinantes respecto a la inmigración. Así puede resumirse la primera comparecencia en la comisión de Empleo del Congreso de los Diputados de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quién se ha limitado a repetir que, en materia de extranjería, el Gobierno gestionará la inmigración de manera “legal, ordenada, responsable y vinculada al empleo y a la capacidad de acogida del país”.

Báñez ha puesto el acento en la necesidad de “cumplir la legislación vigente”, sin referirse en ningún momento a las modificaciones en la Ley de Extranjería anunciadas por el Partido Popular (PP) durante su campaña electoral.

Así, continúa sin quedar claro cómo abordará el Gobierno en los próximos meses asuntos clave como la posible limitación de la figura legal del arraigo (la principal vía para conseguir papeles en España), o la imposición de un nuevo visado de búsqueda de empleo que limitaría la llegada de inmigrantes extracomunitarios a una oferta laboral y temporal en España.

"La situación económica actual impone que el flujo de inmigración se realice de manera ordenada y controlada, de forma que el que venga tenga un contrato laboral y/o medios económicos suficientes para llevar una vida digna. Nuestra normativa en materia de extranjería lo contempla ya así”, pero no ha entrado en detalles.

NO HABRÁ “REGULARIZACIONES MASIVAS”

A lo largo de su discurso, la ministra ha señalado la necesidad de ser "igualmente celosos en cuanto a la aplicación de las normas en materia de arraigo y reagrupación familiar" ya que, a su juicio "en el pasado se han interpretado con excesiva laxitud".

La máxima responsable de inmigración tampoco ha aclarado qué sucederá con los inmigrantes afectados por el desempleo en España, según el Ministerio el 34,82% del total.

Miles de trabajadores que este año podrían perder la capacidad de renovar su permiso de residencia tras quedarse en paro, fenómeno legalmente conocido como irregularidad sobrevenida, aunque sí ha tenido tiempo para aclarar que no se promoverán “regularizaciones masivas".

INTEGRACIÓN DE LOS “LEGALES”

Respecto a la integración de los nuevos ciudadanos Báñez ha hecho hincapié en que ésta debe ser "bidireccional" y ha dado a entender que, según su parecer, las personas extranjeras residentes en España se dividen entre ilegales y “legales”. El inmigrante “legal” ha de conocer sus derechos pero también sus obligaciones, al igual que el nacional español.

“Debe conocer nuestra cultura y nuestras costumbres y la obligación de la Administración es fomentar ese conocimiento mediante las correspondientes acciones formativas", sentenció.

Finalmente adelantó en el Congreso su intención de "iniciar una revisión de la política de subvenciones en el área de migraciones” que garantice la "eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

Báñez ha asegurado que el Gobierno va a consagrar medios humanos y técnicos para apoyar de manera eficaz a los emigrantes españoles, mediante la estrecha colaboración entre los distintos Ministerios. En este ámbito, se establecerá un “Certificado de Emigrante Retornado” que facilite la reintegración social, sanitaria y laboral del español en el exterior que regrese definitivamente.