Denuncian demoras en la Oficina de Extranjería de Barcelona

La oficina de extranjería de Barcelona se estaría moviendo por medio de “circulares internas”, cambiantes y desconocidas para quienes están al otro lado de la ventanilla,  y que ocasionan dilaciones en los trámites de  arraigo y reagrupación familiar.

Ello está ocasionando demoras muy costosas para los inmigrantes, quienes entre rechazos, apelaciones y demandas, deben invertir muchos euros en tasas a pagar durante cada etapa de estos trámites.

Para los abogados de la firma Legalcity, estas demoras son cuanto menos “sospechosas” y “poco transparentes”. En sus mesas se apilan expedientes de apelaciones, que luego en la fase judicial no encuentran objeción para su aprobación.

Afirman que los casos de arraigo social son los más sensibles de “particulares interpretaciones” del Reglamento de Extranjería por parte de los funcionarios de las oficinas de Barcelona. Señalan que a muchos clientes les han exigido documentación que no figuran en ninguna circular o nota informativa, “como la aportación del DNI original y copia del empleador en casos de arraigo”.

Para las solicitudes de reagrupamiento familiar, a los requisitos que estipula el Reglamento de Extranjería (contrato de trabajo y 3 últimas nóminas) los abogados de la firma señalan tener conocimiento de casos en donde se ha exigido la Declaración de la Renta y un Certificado de la Seguridad Social con las cotizaciones de los últimos 6 meses.

Si bien ello se debe a casos de solicitudes que han “inflado” nóminas con el fin de demostrar solvencia económica, no deja de constituir una vulneración del Principio de Igualdad ante la Ley. Y es que “justos pagan por pecadores”, tal como se lo confesó una funcionaria, cuando quiso justificar estos “nuevos criterios” aplicados aleatoriamente, y cuyo fin principal – a juicio de Legalcity - “sería la demora de la regularización de los inmigrantes”.

Los abogados de Legalcity lamentan también que la Oficina de Extranjeros de Barcelona es la única en territorio español que hasta la fecha no concede Tarjetas de Residencia al extranjero miembro de una pareja de hecho, cuya regularización quedó legitimada con la Sentencia del Tribunal Supremo de junio de este año.

Gracias a ella, las parejas de hecho entre un ciudadano extranjero y un comunitario, inscritas como tal en algún Ayuntamiento, tienen regularizada su situación.

Demoras, apelaciones, idas y vueltas que, de por medio, nutren las arcas del Estado con tasas y multas pagadas. No parece mal negocio en estos tiempos de crisis.