Tras 25 años de la toma del Palacio de Justicia, aún impera la impunidad

El 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando era presidente Belisario Betancur, Colombia vivió uno de los peores episodios de su historia: la sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de guerrilleros del M-19.

La respuesta de la Fuerza Pública fue más que enérgica y del fuego cruzado resultaron 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según estableció la Comisión de la Verdad.

Otras fuentes aseguran que en realidad hubo más de cien personas muertas y otras once misteriosamente desaparecidas.

"Veinticinco años después de la destrucción del Palacio de Justicia, la impunidad sigue rodeando las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en ese entonces", dijo ayer Christian Salazar, delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), en un homenaje conmemorativo en Bogotá.

De este holocausto, los colombianos aún recuedan sobre todo el boquete en la fachada del humeante Palacio (tras el cañonazo del Ejército), ciudadanos corriendo despavoridos, policías intentado entrar al sitio donde estaban los más prestigiosos juristas del país.

Un informe de la llamada Comisión de la Verdad reveló en diciembre pasado que los guerrilleros del M-19 fueron financiados para ese asalto por el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, que pretendía presionar la caída de la extradición para los narcotraficantes y que se quemaran todos los archivos.

LA IMPUNIDAD

Pero 25 años después poco se ha avanzado en las investigaciones y la impunidad reina.

César Rodríguez, hermano de Carlos Rodríguez, uno de los desaparecidos de la cafetería del Palacio, dijo a radio Caracol que su familia ha sufrido la falta de información durante todos estos años. Siguen esperando justicia.

El Presidente de la República asistió ayer al homenaje a las víctimas del holocausto del palacio. Juan Manuel Santos prometió "rescatar la verdad" sobre lo ocurrido.

"Lo haremos por los que murieron. Lo haremos por los que los lloran", dijo en Bogotá.

NO A LA AMNISTÍA

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, planteó que para las investigaciones de lo ocurrido no puede operar ningún tipo de amnistía, ya que se trata de un hecho de lesa humanidad. Y fue sincero al decir que a pesar de los esfuerzos “hemos estado cortos”.

EL delegado de la ONU señaló además que las Fuerzas Militares actuaron con un "exceso de fuerza" para recuperar la edificación, que fue destruida por un incendio generado por los guerrilleros y los militares, y denunció que "nunca hubo una real intención del gobierno de salvar a los rehenes".

CÓMO Y QUÉ SUCEDIÓ

Hace 25 años y durante 27 horas unos 35 insurgentes, liderados por Andrés Almarales y Luis Otero, entraron violentamente al Palacio de Justicia, asesinaron a los vigilantes del parqueadero y mantuvieron como rehenes a civiles, funcionarios y magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.

Más de dos mil uniformados del Ejército, Policía y Guardia Presidencial cercaron el Palacio y se aprestaron a “defender la democracia”, frase que marcó al entonces coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería.

Seis meses después, el tribunal especial que creó el presidente Betancur para investigar los sangrientos hechos concluyó que la responsable era la guerrilla del M-19.

Y aunque señalaba algunas irregularidades por parte de la Fuerza Pública, dejaba libre de responsabilidad al propio presidente (que ordenó la operación de retoma) y a los militares que estuvieron a cargo de ella.

UNA SOLA CONDENA
Aunque se abrieron 19 procesos contra quienes fueron considerados responsables de la toma, sólo existe una condena por 30 años de cárcel contra el coronel retirado Plazas Vega, proferida en junio de 2010. Sin embargo, la fiscal encargada fue retirada del caso y hoy la condena ha sido apelada.

Y aunque según la Comisión de la Verdad el acto fue financiado por el narcotráfico, 25 años después muchos ciudadanos no le perdonan al presidente Betancur no haber dado la orden de salvar la vida de los civiles retenidos.