Un tribunal de Ecuador confirmó este martes en segunda instancia una condena dictada en febrero de 2011, la cual ordena a la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonia ecuatoriana.

La Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos resolvió que "se ratifica" por completo la sentencia del 14 de febrero de 2011, que había sido apelada por la transnacional y pobladores amazónicos que acusan a Chevron de contaminar el medio ambiente, indicó a la AFP una fuente de ese tribunal que pidió no ser identificada.

Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa manifestó su "complacencia" con esta decisión, en declaraciones a la prensa en Guayaquil. "Ya que se dictó la sentencia de segunda instancia, tengo que manifestar mi complacencia. Creo que se ha hecho justicia, es innegable el daño que hizo Chevron en la Amazonia", dijo.

La sentencia también ordena a Chevron "pedir disculpas públicas a las víctimas" o, de lo contrario, pagar el doble del monto fijado por los daños atribuidos a la entonces Texaco, que operó en Ecuador entre 1964 y 1990.

Los pobladores amazónicos denunciantes rechazaron el fallo de primera instancia por considerar que el monto era insuficiente para la reparación ambiental y la empresa al estimar que la medida era "ilegítima e inaplicable", por lo que acudieron a este segundo recurso.

"Me siento muy contento porque es claro lo que hizo Chevron en la Amazonia", añadió el mandatario, quien apuntó que su gobierno no se ha inmiscuido en ese "problema que es privado", a pesar de lo cual la petrolera lo ha acusado de que "manipulaba" al tribunal a favor de los acusadores (unos 30.000 habitantes de Sucumbíos y la también provincia amazónica de Orellana).

Correa remarcó que "me alegra mucho que la comunidad amazónica haya reclamado su derecho y haya tenido tremenda victoria judicial en las cortes, es más o menos una lucha de David contra Goliat".

Chevron a su vez rechazó la decisión y aseveró que continuará ejerciendo recursos legales fuera de Ecuador, en particular en La Haya -a través del tratado de protección de inversiones entre Washington y Quito- y ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La petrolera consideró que la decisión de este martes "es un ejemplo de la politización y la corrupción del sistema judicial ecuatoriano", al asegurar que "se fabricaron informes de expertos, se manipuló evidencia y se desarrolló una campaña de intimidación a los jueces", según un comunicado emitido en su sede estadounidense de California.

Entretanto, Luis Yantza, coordinador de la Asamblea de Afectados por Texaco, que promueve la querella, lamentó "lo que la Corte ha decidido, de no aceptar nuestra apelación" para incrementar la indemnización, en declaraciones a la AFP.

Empero, sostuvo que "el hecho mismo de haber ratificado la sentencia permite que se abra el camino para que se haga justicia y lograr la reparación en las zonas afectadas por Texaco".

El dirigente anotó que a pesar de la ratificación de la condena, cualquiera de las parte puede acudir a una tercera instancia (de casación) ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aunque enfatizó que "nosotros no llevaríamos a casación el caso".

La condena es por 8.640 millones de dólares, y a este monto se agrega una multa de 10% establecida en una ley de gestión ambiental, explicó hace casi un año a la AFP el abogado de los querellantes, Pablo Fajardo.

La indemnización es la más alta impuesta hasta ahora en un juicio ambiental contra una petrolera y más aún fuera del país de origen.

Un peritaje realizado en Ecuador en el marco del juicio, que se inició en 1993 en Nueva York y fue trasladado al país sudamericano en 2001, llegó a estimar el reclamo en 27.000 millones de dólares, mientras que los demandantes consideraron que el monto debía ser de 113.000 millones, según Fajardo.