Cientos de aficionados taurinos protestaron este viernes en Quito contra la propuesta del gobierno ecuatoriano de incluir en un referendo una prohibición de las corridas de toros.

Los manifestantes, incluidos matadores y también galleros, marcharon desde la plaza de toros hasta la sede de la Corte Constitucional, que estudia la legalidad de las preguntas planteadas por el presidente socialista Rafael Correa.

En el tribunal, los seguidores de la fiesta brava, algunos a caballo, entregaron un escrito jurídico en el que piden declarar ilegal la interrogante sobre prohibir los espectáculos donde se mate animales "por simple diversión".

"Se está coartando la libertad, el derecho a escoger lo que uno quiere; eso no es democracia, es dictadura", declaró a la AFP Francisco Falconí, un aficionado que encabezó la marcha junto a un inflable gigante con la figura de un toro sobre una grúa.

"Así sea uno, hay que respetar sus preferencias", añadió.

Los taurinos exhibieron pancartas con frases como "la patria es de todos" -el eslogan del gobierno-, "pero también de las familias que vivimos de los toros. No nos maten de hambre".

Guillermo Albán, un reconocido torero ecuatoriano de 16 años como matador, señaló a la AFP que la pregunta es "inductiva, tendenciosa y moralmente hipócrita", por lo que aprobarla "sería un atropello constitucional".

"No queremos una intromisión en el dormitorio para que nos digan cómo actuar hasta en lo mínimo", sostuvo Albán, quien pidió a Correa no dejarse "engatusar" y escuchar sus argumentos.

Albán admite que practica el toreo por placer, "como lo hacen las personas que comen carne", y asegura que esa actividad genera en Ecuador 60.000 empleos directos y 100.000 indirectos.

En su propuesta de consulta, Correa también sugiere la prohibición de los juegos de azar, una ley de comunicación contra los "excesos" de la prensa y tipificar como delito el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación de empleados a la seguridad social.

En paralelo, el mandatario planteó un referendo sobre reformas constitucionales para reestructurar la justicia, combatir la criminalidad y limitar las inversiones de la banca y los medios.