Menores españoles en un limbo jurídico

Lo curioso del caso es que Kelly tiene nacionalidad española, pero como su madre está irregular, no puede recibir las ayudas sociales a las que la niña tiene derecho. “La asistenta social nos ayudó a gestionar la Renta Mínima de Inserción porque mi marido sí tiene ‘papeles’ pero sólo duró dos meses porque consiguió un trabajito”, recuerda. En efecto, la tarjeta de Manuel Aguaiza, el esposo de Yolanda, vence en septiembre pero no está seguro de si ha cotizado lo suficiente para renovarla: “aquel trabajito sólo me duró dos meses y ahora estoy inscrito en el paro y en cursos de formación a ver si me sale otra cosa”.

Mientras tanto, Kelly y sus hermanos, Gema (también española) e Iker (ecuatoriano), sobreviven con lo que Yolanda consigue en parroquias y centros de Cáritas.

“He contabilizado hasta 40 casos como éste: menores españoles con padres ‘sin papeles’ y para todos los casos la respuesta de la Administración siempre ha sido la misma: que el solo hecho de ser progenitor de menor de edad nacido en España no es razón suficiente para obtener autorización de residencia”, explica la abogada y presidenta de la Asociación Iberoamericana para la Integración Social Integra, Catalina Magallanes.

¿QUIÉN LO RESUELVE?

La Asociación ha expuesto la problemática ante la Secretaría para la Inmigración de Catalunya pero la entidad considera que se trata de una temática del ámbito estatal y, por lo tanto, sería la Dirección General de Inmigración la encargada de dar respuesta. Fuentes de la Dirección reiteran que la ley puntualiza que ser progenitor de menor español no garantiza el permiso de residencia, pero aclaran que sí se estudia caso por caso para tratar de dar opciones.

“¿Si se autorizan los permisos por arraigo laboral con dos años de permanencia continuada en España o por razones humanitarias en las que no se contempla el tiempo, por qué no autorizar a estos padres cuando lleven un año de residencia y un contrato o cuando demuestren dos años, aunque no tengan contrato?” se pregunta la Asociación Integra sin encontrar eco.Para la entidad, está claro que se viola el principio de igualdad entre los españoles y, sobre todo, se niega el derecho al bienestar y buen desarrollo de los menores.

Este derecho, según la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Española, debe ser garantizado solidariamente por los padres y el Estado. “El padre y la madre son los portadores de las necesidades de sus hijos, pero al no contar con ‘papeles’ no pueden trabajar, pero el Estado tampoco cumple con sus obligaciones para con estos niños”, se queja la Presidenta de Integra.

CONTRATO IMPOSIBLE

Este círculo vicioso tiende a agravarse con la crisis económica. El paraguayo Emilio Díaz tiene las puertas abiertas para trabajar en un restaurante, pero cuando presentaron la documentación “resultó que la empresa tenía deudas con Hacienda y toda la ilusión se vino abajo”. Algo similar le sucedió al ecuatoriano, José Marcelo Maldonado: “me han denegado dos veces la renovación de mi permiso, porque la empresa no justificaba la necesidad de contratación o porque la mayoría de la plantilla es de medio tiempo”.

¿Hoy en día, qué empresa no tiene deudas o ha tenido que recortar jornadas laborales? se preguntan ambos, con la idea clara de que cada vez “ponen más excusas para negarte los papeles”. Ninguno de los dos se plantea regresar a su país. “Mi hija es el hilo de mi vida y quiero verla crecer”, señala José Marcelo quien lleva siete años aquí y alguna vez tuvo ‘papeles’.

Otra que quiere seguir luchando es la colombiana, Martha Leonor Díaz. Madre de dos niños españoles, lleva diez años indocumentada y su marido acaba de ser expulsado, también por irregular. “Intenté legalizarme pero la empresa tenía deudas, y la verdad es que no puedo dedicarme a buscar trabajo porque mis hijos están muy pequeños, me necesitan”, explica esta mujer, al tiempo que aclara que sobrevive con el respaldo de varias ONG.

LO QUE DICE EL GOBIERNO

- Según la respuesta a varias solicitudes de autorización de residenca por circunstancias excepcionales, “ser progenitor de menor español no es circunstancia suficiente” para obtener dicha autorización. La Asociación Integra cree que no se está estudiando caso por caso pues se han alegado circunstancias particulares en cada solicitud.

- Fuentes de la Dirección General de Inmigración aseguran que no se está dando aplicación general a la norma porque sí se están revisando los casos uno a uno.

- Además, señalan que “desde la Secretaría de Estado y la Dirección General existe la voluntad de ofrecer soluciones a estas familias y ante todo garantizar los derechos de los menores de nacionalidad española indistintamente de la situación legal de sus padres.”

LOS TESTIMONIOS

Daniel Proscopio, Argentino: "Mi mujer es familiar de comunitario y tuvo que declararse madre soltera para recibir una ayuda social"

Martha Leonor Díaz, Colombiana: "La única solución que me plantean es buscar un contrato, pero con esta situación está muy difícil"

Yolanda y Manuel, Ecuatorianos: "Si pudiéramos volveríamos, pero nuestra hija necesita cuidados médicos que no tendría en Ecuador"