Hondureños viven enrejados y amurallados ante la delincuencia

Franklin Ilovares, un soldador de metales de 24 años, celebra el tener trabajo mientras instala un aparatoso portón de hierro en una casa de la colonia Loarque, al sur de Tegucigalpa, y es consciente de que debe su empleo a la delincuencia.

"Gracias a Dios, la delincuencia genera trabajo", dice Ilovares, quien labora para el taller Rodas, con sede en Ojojona, 25 km al sur de la capital.

La empresa se encarga de construir portones "cerrando calles para que no entren personas particulares", sistemas de protección "para que no salten los portones los delincuentes y también vallas electrificadas", explicó el obrero.

Lejos de allí, en el sector este de la ciudad, Mavin Flores recorre las calles de Miramontes, una colonia de clase media, armado de un machete con el que pretende disudiar a los asaltantes.

"Es que en el día no hay mucho peligro, pero en la noche hay que estar con fusil o pistola", argumenta este guarda privado de 20 años.

La violencia tiene sus ganadores: los dueños de talleres de estructuras de hierro, las agencias que prestan servicios de seguridad y los vendedores de armas, entre ellos la empresa La Armería, propiedad de las Fuerzas Armadas.

Pero los grandes perdedores son la mayoría de los ciudadanos de todos los niveles sociales, condenados a vivir presos entre murallas, trancas y rejas ante la incontrolable ola de violencia delincuencial en la que hasta la Policía se encuentra implicada.

Los portones de barrotes a lo ancho de toda la calle y los vehículos blindados se han puesto de moda entres sectores de la clase media alta, tanto en la capital como en otras ciudades de este país de 8 millones de habitantes.

Desde hace una década se han vuelto normales, hasta en las barriadas, los barrios pobres, las barreras de acera a acera, con uno y hasta tres guardias bien armados que salen de una caseta a pedir identificación a cada persona que intenta ingresar con vehículo a barrios o colonias.

También se han hecho habituales los muros altos, las verjas y las serpentinas de púas o alambres con electricidad cercando las viviendas.

La Policía no es efectiva ni confiable, pues se ha demostrado que muchos de sus integrantes están vinculoados al crimen organizado, por lo que los hondureños han tenido que recurrir a militares o policías retirados para procurarse alguna seguridad.

Unas 60.000 personas trabajan como agentes de las agencias privadas de seguridad, más del doble de los efectivos con que cuentan la Policía y las Fuerzas Armadas juntas, unos 25.000.

También han surgido muchas empresas que prestan servicios para instalar los dispositivos de seguridad.

Honduras tiene una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, 82 por cada 100.000 habitantes.

En octubre pasado saltó a luz pública lo que era un secreto a voces, que miembros de sedes policiales estaban organizados en bandas de narcotraficantes, sicarios, ladrones de automóviles, secuestradores y extorsionistas.

El 1 de noviembre pasado, el presidente Porfirio Lobo sacó los militares a las calles para apoyar a la policía y asegura que desde entonces los crímenes han bajado hasta en un 90%.

Sin embargo, en los últimos días se han incrementado los asesinatos de personalidades de cierto renombre cometidos por sicarios. Una abogada, una periodista y un connotado ex asesor de seguridad figuran entre las víctimas.

El Congreso aprobó una ley que prohíbe la circulación de dos hombres en una misma motocicleta, ya que es el medio de transporte más usado por los sicarios, a la vez que autorizó a los juzgados a efectuar intervenciones telefónicas a los supuestos delincuentes.

Por otra parte, se ha creado una nueva policía de investigación y una dirección para depurar a la actual Policía.

El presidente Lobo ha pedido ayuda internacional para ese proceso pero solo Colombia ha accedido enviando a un grupo de expertos.