La Iglesia quiere mantener la prohibición a la fecundación in vitro en Costa Rica

El debate sobre este tema en un país donde el catolicismo es religión oficial fue estimulado por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que criticó la prohibición y que podría llevar a Costa Rica ante un tribunal continental si la mantiene.

Los defensores de la fecundación in vitro se han visto estimulados, además, por el reciente otorgamiento del Premio Nobel de Medicina al científico británico Robert Edwards, padre de este procedimiento que ha permitido tener hijos a millares de familias con problemas de fertilidad en el mundo.

Chinchilla inició consultas con diversos sectores antes de enviar un proyecto al Congreso, pero este lunes el arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal, Hugo Barrantes, reiteró "nuestro compromiso cristiano con el respeto incondicional a la vida humana desde su concepción" y pidió que se mantenga en el país la prohibición a la fecundación asistida.

"Aunque la fecundación in vitro es, frecuentemente, presentada a la opinión pública como la 'última oportunidad' para las mujeres que sufren esterilidad; quienes la promueven ocultan que, (con) dicha técnica, consienten que seres humanos, en el estado más débil y más indefenso de su existencia, sean seleccionados, abandonados, asesinados o utilizados como material biológico", dijo Barrantes.

"Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son simples recomendaciones que pueden ser acogidas o no", agregó Barrantes en una columna publicada en el diario La Nación, en la que afirmó que el Estado "ni aun por ley, puede dictar normas contrarias a ese bien supremo" de proteger la vida.

Chinchilla ha buscado actuar con rapidez porque su gobierno debe responder antes del 23 de octubre al informe de la CIDH, que acogió una denuncia de parejas costarricenses que desean tener hijos y están impedidas por la prohibición.

La CIDH podría llevar el caso a juicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede precisamente en San José.

Simultáneamente, los líderes de las bancadas en el Congreso planean dar a conocer sus opiniones sobre la fecundación in vitro y anunciarán si están dispuestos a tramitar el proyecto con urgencia, antes del 23 de octubre.

La jefa de la bancada oficialista, Viviana Martín, dijo que la discusión del proyecto no es solo un tema legal, sino también "moral y ético", mientras que el líder del mayor partido opositor, Juan Carlos Mendoza, advirtió que el país debe evitar llegar a juicio en la Corte Interamericana.

La presidenta Chinchilla dijo que existen dos opciones posibles frente al informe de la CIDH: una es acatar sus peticiones, para lo cual se requiere de una revisión del fallo de 2001, y la otra es rechazarlas e ir a la Corte Interamericana, que resolvería en definitiva la controversia.

Hace nueve años, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró, en consonancia con la Iglesia Católica, que la fecundación in vitro era violatoria del derecho a la vida, y prohibió su aplicación en el país.