Ningún colectivo latino bajó en afiliados a la Seguridad Social

Por tercer mes consecutivo, el número de afiliados inmigrantes a la Seguridad Social no dio tregua a las bajas, registrándose de nuevo miles de incorporaciones.

Este mes fueron 39.364 los nuevos afiliados extranjeros que se sumaron a ingresar impuestos las arcas del Estado, un aporte que ha sido protagonizado por los inmigrantes latinoamericanos que no han aportado ningún cifra negativa, sin duda un dato muy positivo que abre la puerta a la recuperación económica.

Todos los colectivos latinos han sumado altas en el mes de mayo, destacando los ciudadanos colombianos, bolivianos, argentinos y paraguayos.

En total son 1.843.344 los extranjeros cotizantes, de ellos, 1.152.841 son provenientes de países no comunitarios. 

ISLAS BALEARES, A LA CABEZA
Las comunidades que experimentaron más crecimiento en cuanto a altas inmigrantes en la Seguridad Social fueron Islas Baleares, con una variación mensual del 18%. Detrás se sitúa el País Vasco, con un aumento del 8,12%. La tercera posición la ocupa Aragón, con un 6,94% más de afiliados extranjeros.

EMPUJE DEL AUTOEMPLEO
En cuanto a los sectores, fue el general el que sumó más afiliados, con 22.021 nuevas incorporaciones, seguido de la agricultura, con 13.235 inmigrantes más.

En tercer lugar, pero no menos importante, se sitúan los autónomos, que sumaron 3.167 afiliados con respecto al mes de abril, un dato a destacar, ya que representan el 37% de las nuevas altas a nivel nacional, que fueron 8.458 en este mes de mayo.

Estos datos positivos en el sector del autoempleo representan para la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos  (UPTA) “la recuperación del emprendimiento, imprescindible para contrarrestar la crisis en las empresas”.

Para UPTA este desarrollo en el colectivo inmigrante emprendedor “se está produciendo pese a las muchas trabas que tienen para ejercer una actividad por cuenta propia”.

Esta organización de autónomos señala que las trabas provienen principalmente de “la dificultad de acceso al permiso de trabajo, retrasos en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y la escasa capacidad de las Administraciones públicas para aplicar medidas de asistencia técnica a los proyectos y la práctica desaparición de los sistemas de microcréditos en España”.