Cruce de órdenes de prisión
Desde hace una semana, las relaciones entre Ecuador y Colombia han vuelto a calentarse.
El primer dardo lo lanzó Ecuador, cuando un juez de la amazónica provincia de Sucumbíos dictaminó una orden de prisión contra el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, haciendo extensiva la petición a la Interpol para que proceda con la captura del ministro en cualquier lugar del mundo.
La primera voz de alarma la alzó el presidente Álvaro Uribe, quien manifestó que nadie podrá tocar a su ex ministro, pues cuenta con una visa diplomática que lo hace inmune.
Las cosas sólo se tornaron peores cuando un grupo de abogados colombianos iniciaron los trámites legales para enjuiciar y encarcelar al mandatario Rafael Correa por vínculos con la guerrilla.
Fue la gota que derramó, nuevamente, un vaso colmado de acusaciones, versiones y malos entendidos, debido al ataque registrado en Angostura el 1 de marzo del 2008.
Por el ataque, donde murieron una veintena de guerrilleros, entre ellos Raúl Reyes, uno de los jefes de las FARC, y el ecuatoriano Franklin Aisalia, Ecuador planteó una demanda contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra ante la Corte Internacional de Justicia, para lograr la reparación de los efectos producidos por las aspersiones con glifosato en la frontera común.
La Secretaría General de la Interpol en Francia negó la petición ecuatoriana para obtener información sobre la ubicación del ex ministro Santos, imputado por el bombardeo en el campamento de Angostura.
Las órdenes de captura de la Interpol sólo caben cuando existe una sentencia de condena y, en este caso, hay una orden de prisión preventiva.
Por otro lado, Abelardo Espriella, abogado colombiano conocido por la defensa de varios diputados implicados en el escándalo de mantener nexos con paramilitares, encabezó la demanda contra el mandatario Correa.
La novedad es que fueron los ex asambleístas Gilmar Gutiérrez, hermano del defenestrado Lucio Gutiérrez y Fausto Lupera, de Sociedad Patriótica, quienes el 25 de abril de 2008 contrataron sus servicios para demandar al jefe de estado.

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