Congreso no escuchó a inmigrantes

Con 185 votos favorables, el texto contó con el apoyo del Partido Socialista (PSOE), Convergència i Unió (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).

Por su parte, el Partido Popular y el grupo integrado por Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya (IU-ERC-ICV) sumaron 146 sufragios en contra de la reforma.

Con la aprobación en el Congreso de los Diputados, el proyecto legislativo supera el obstáculo más complicado en su carrera para convertirse en Ley.

Ahora, el texto pasará a discutirse en el Senado, donde el Partido Popular cuenta con una mayoría que intentará hacerse valer. De todas formas, no cabe esperar grandes cambios o mejoras en la Cámara Alta, ya que, en caso de hacerlo, el texto tendría que regresar al Congreso para su aprobación.

Si todo sale como está previsto, la nueva Ley deberá entrar en vigor a principios del año entrante y el Reglamento que definirá su caracter definitivo deberá estar publicado a mediados de 2010.

LA LEY SE ENDURECE

El proyecto legislativo presentado por el Gobierno socialista llegó al Congreso envuelto en manifestaciones de inmigrantes y críticas de académicos que veían innecesaria e injusta otra reforma de la Ley de Extranjería (la cuarta en ocho años). Lo peor es que el texto que sale de la Cámara Baja no es mejor que el que entró, y en muchos aspectos es aún más duro.

Para empezar por lo positivo, los diputados decidieron quitar las restricciones al permiso de trabajo de los reagrupados, que podrán trabajar desde el momento que lleguen a España (no es retroactivo, por lo que no soluciona el limbo laboral de los que ya están aquí). De igual manera, el Congreso impuso que las condiciones de los CIE estén vigiladas por un juez y que los internos puedan recibir visitas de ONG de inmigrantes.

Sin embargo, el suavizamiento de unos aspectos de la Ley no consigue ocultar el endurecimiento de otros. Algunos son conocidos por todo el mundo: los inmigrantes sin documentación podrán pasar hasta 60 días en un CIE, limitaciones a la reagrupación de padres y ayudas a la vivienda.

Pero más inquietantes resultan los nuevos requisitos que ha impuesto el Congreso al arraigo y a las renovaciones. El informe del “esfuerzo de integración” permitirá que las Comunidades Autónomas exijan voluntad de conocer la lengua y cultura locales, algo sospechosamente parecido al contrato de integración del PP.