Bolivia: gobierno y sindicatos continúan negociación por ajuste salarial

El gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor sindical del país, continúan reunidos este domingo, por más de 24 horas ininterrumpidas, para negociar un eventual aumento salarial tras diez días de conflicto que mantiene en vilo al país.

El tema salarial "será diferido para el último momento", de un conjunto de ocho puntos que son discutidos a partir de "una contrapropuesta al acuerdo" inicial logrado la pasada semana y que fue desconocido por una reunión ampliada de la COB, explicó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro.

La sindical demanda, además de un aumento salarial superior al 10% fijado por el gobierno, la abrogación del decreto que instauró en 1985 el libre mercado, la reactivación del aparato productivo y la defensa de los seguros estatales de salud, entre otros.

Fuentes oficiales dijeron que es probable que el presidente Evo Morales se una a esta reunión. El mandatario defendió este domingo en un acto público en Cochabamba (centro del país) la idea de "un aumento (salarial) inversamente proporcional" a los ingresos: "quien gana menos recibe más aumento", dijo.

En una reiteración de su negativa de ajustar los salarios más allá del 10% propuesto, Morales señaló que "es nuestra obligación, junto al presidente, junto al gabinete cuidar la economía nacional, no podemos gastarnos la plata que tenemos, las reservas en especial, sólo para el salario, es un gran error".

Sin embargo "qué dirá el pueblo", concluyó.

Según el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, "el incremento previsto de 10% (que entró en vigor en marzo, retroactivo a enero) significa 879 millones de bolivianos (125 millones de dólares anuales del presupuesto general)".

"Si se diera curso al 15%, el incremento sería de 3.558 millones de bolivianos (508 millones de dólares) para los trabajadores y empleados del Estado", agregó Coca, antes de concluir que "esto hace en términos económicos inviable ese pedido".

Sectores radicales de los maestros y de los mineros, que lideran las protestas, plantearon echar mano de las reservas internacionales o dejar de adquirir un satélite para comunicaciones a fin de facilitar el pedido de aumento salarial.

La situación social comenzó a degradarse desde fines de diciembre, cuando Morales decidió aumentar hasta en 83% los combustibles. Las protestas obligaron a derogar la medida unos días más tarde pero los precios mantuvieron una tendencia a subir de manera descontrolada.