De manera clara y contundente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (ONU) ha pedido a España por escrito que acabe con los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales que, en la práctica, se traducen en "detenciones indiscriminadas" y "restricción de derechos" de los inmigrantes.

A través de su Informe, la ONU recomienda también al Gobierno español que revise la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que regula el tratamiento policial que reciben los ciudadanos extranjeros indocumentados.

La normativa, surgida del Ministerio del Interior, es criticada por asociaciones de apoyo a los inmigrantes y refugiados que la consideran un estímulo anticonstitucional para la "xenofobia y el racismo".

CENTROS DE INTERNAMIENTO

La situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) en España preocupa especialmente a la ONU, por lo que el texto recomienda la elaboración de un reglamento que unifique su funcionamiento interno y garantice las condiciones de vida, la asistencia legal y la atención médica de los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales.

Desde el Ministerio del Interior se ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de redadas ilegales en España, y se adelantó que la situación en los CIEs mejoraría con la creación de 3 nuevos centros, según denuncia SOS Racismo Madrid.

Sin embargo, Naciones Unidas pone de manifiesto su actual intranquilidad  por los inmigrantes en condición irregular que, tras haber permanecido los 60 días que indica la ley en un Centro de Internamiento, son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente, “situación que los hace más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones”.

MUJERES

En otro apartado el texto del Comité hace hincapié a su vez en las inmigrantes víctimas de violencia de género. Naciones Unidas recomienda a España revisar la vigente Ley de Extranjería porque, a su juicio, es "discriminatoria" para las mujeres 'sin papeles' que sufren la violencia machista.

La ONU considera que la actual normativa española “puede disuadir a las mujeres extranjeras, en situación irregular, a presentar denuncias por violencia de género por miedo a ser expulsadas del territorio del Estado parte en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado por violencia de género”.

DISCRIMINACIÓN

El Comité también destacó su preocupación por la “ausencia de cifras oficiales sobre incidentes racistas y xenófobos, así como sobre el número de denuncias presentadas, las acciones judiciales entabladas, las condenas pronunciadas, las penas impuestas por delitos cuya agravante es la motivación racial”, de acuerdo con el artículo 22.4 del Código Penal español.

El texto destaca que el escaso número de denuncias, enjuiciamientos y sentencias por actos de discriminación racial en España “puede ser un indicador del temor de las víctimas a represalias, de la falta de confianza en los órganos policiales y judiciales, y de una atención o sensibilización insuficientes de estas autoridades frente a las denuncias por actos de discriminación”.

Así la ONU recomienda al Estado recabar “información pública y periódica sobre actos de discriminación racial entre los órganos policiales, judiciales, penitenciarios y los servicios de inmigración” nacionales.

MENORES

El informe no pasa por alto el estado del sistema educativo español por la existencia, según sus informaciones, de "escuelas gueto" en el que se concentran y aíslan niños y niñas inmigrantes y gitanos, contraviniendo la Ley Orgánica de Educación de 2006 que prevé una adecuada y equilibrada distribución de los estudiantes.

Finalmente advierte al Estado que “revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares" y solicita a España estadísticas sobre el número de niños y niñas inmigrantes y gitanos que estudian en las escuelas.