Arizona cazará a los 'sin papeles'

La Ley SB 1070, más conocida como Ley Arizona (promulgada por la republicana Jan Brewer, la gobernadora del estado del mismo nombre), es la medida más dura de una serie de iniciativas aprobadas en diferentes estados contra la inmigración.

La Ley, entre otras cosas, insta a los policías estatales y locales a arrestar a quienes no puedan demostrar con documentos que están en el país de manera legal. Además, convierte en delito transportar a un inmigrante ilegal y contratar a trabajadores por día en las calles.

Si la persona detenida no demuestra con ‘papeles’ su estancia legal en el país, puede ser encarcelada hasta seis meses, multada con 2.500 dólares y, eventualmente, expulsada del país.

MÁS MUROS

“Es un gran día para la gente de Arizona porque una vez que sea implementada estaremos todos más seguros”, dijo la prensa el representante del estado John Kavanagh, un republicano que respaldó la iniciativa, razonamiento que ha sido recibido con marchas y protestas en todo el país.

Grupos de defensa de los derechos humanos y de inmigrantes, han criticado una medida que comparar a la persecución nazi a los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial.

Los carteles de “paren el odio” y “nosotros tenemos derechos” llenaron las calles en Estados Unidos y al grito de los extranjeros se han unido los de sus gobiernos. México, Ecuador, Guatemala más la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaría de Estados Iberoamericanos y miles de asociaciones a nivel mundial, han condenado lo que consideran una medida racista que lo que hace es perseguir a las personas sólo por el color de su piel o su aspecto (sobre todo hispano, la mayor población extranjera en el país).

‘UNA IRRESPONSABILIDAD’

El presidente Barack Obama ha manifestado ante los medios que la iniciativa de Arizona es “una irresponsabilidad” sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados.

“Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos”, dijo el mandatario, en una muy infrecuente reacción de la Casa Blanca a la actuación de los estados.

Mientras tanto, la gobernadora Brewer (que no da un paso atrás) ha justificado la ley “por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras”.