El caso de  una paraguaya que se sorprendió al saber que necesitaba certificado de catalán para obtener el informe social del Ayuntamiento de Barcelona, motiva la respuesta del Comisionado de la Alcaldía para la Inmigración y el Diálogo Intercultural, Daniel de Torres.

"No ha habido ningún cambio en los criterios para la elaboración del informe de arraigo social por parte del Ayuntamiento de Barcelona", es lo primero que aclara el funcionario.

Seguidamente explica que para valorar el nivel de arraigo de una persona de origen latinoamericano, "exigimos que, en el tema de la lengua, tenga un mínimo de comprensión oral del catalán. Si el técnico ve que la persona no entiende lo básico que se le está preguntando en catalán, se le deriva a un curso básico del Centro de Normalización Lingüística, que tiene horarios de noche y de fin de semana".

Según De Torres, no es justo que a un latinoamericano, por el hecho de hablar castellano, se le exija menos voluntad de integración que a un extranjero que no es castellano parlante. "Exigir una comprensión oral del catalán es una forma de incentivar el aprendizaje de la lengua", continúa el Comisionado.

Insiste en que no se exige un certificado de catalán como tal ni un conocimiento amplio de la lengua, pero sí "una comprensión oral mínima".

ENDURECIMIENTO

En cuanto al trámite del arraigo social, en general, Daniel de Torres piensa que éste tenderá a endurecerse en todo el estado español.

"El nuevo Reglamento de Extranjería no cambia radicalmente el procedimiento pero sí dice que cada año se revisarán sus criterios. Y es que tenemos que recordar que éste es un proceso extraordinario de regularización, no puede convertirse en una vía ordinaria para obtener permiso de residencia".

El hecho de que Catalunya vaya a unificar criterios para la emisión de los informes sociales es visto por Torres como una ventaja en el sentido de que habrá un "filtro para equiparar los mínimos de claridad y rigor en los informes" pero, al igual que otros ayuntamientos, a Barcelona le preocupan los recursos y tiempos con que se puedan contar para emitir los informes y, en últimas, resolver el trámite a los ciudadanos.